Un gran acierto de las corporaciones policiacas y de la Procuraduría estatal representó la captura del violador en serie que lleva por nombre Rubén Mendoza, que laboraba como taxista en las rutas de la zona metropolitana de Pachuca. Las diferentes agresiones sexuales que realizó este sujeto a jóvenes mujeres indefensas constituyen un agravio dentro de la violencia de género y por lo tanto deben tomarse medidas serias y a fondo para prevenir otros ultrajes. El taxista violador, Rubén Mendoza cometía sus fechorías en el coche taxi que conducía y seleccionaba a sus víctimas entre mujeres jóvenes, particularmente de 18 a 22 años de edad. Se sabe que por lo menos hay cinco denuncias de violación con agravante de violencia física y psicológica, pero es claro que puede haber más dada la falta de cultura de la denuncia y por el tipo de delito en que las autoridades, en ocasiones ponen en entredicho el “honor” de las personas. Y que al no existir un principio de autoridad claro contra este tipo de delitos sexuales, las jóvenes hayan preferido ocultar los ultrajes. El modus operandi del malhechor era levantar a las jóvenes en horas nocturnas cerca de centros de educación superior, se desviaba de la ruta de circulación hacia zonas poco pobladas de la periferia, las amagaba y bajo amenazas las violaba, para después dejarlas abandonadas a su suerte en lugares incomunicados. Incluso el sujeto cometía sus fechorías hasta con lujo de agravantes, ya que robaba. Por fortuna mujeres valientes acudieron a la Procuraduría estatal e interpusieron denuncias y dieron elementos para capturar al abusador. Es posible que el número de agresiones se pueda multiplicar, ya que hay vacíos legales y desatención a estos tipos de delitos que aquejan a las mujeres. Todo ello el sujeto lo hacía amparado como trabajador del volante, de manera inesperada para las víctimas que esperaban un servicio público de transporte. Si bien no se puede generalizar que todos los taxistas sean “violadores” o “delincuentes”, para nada, hay trabajadores del volante que se caracterizan por la honradez y el respeto a los usuarios. Es cierto que a veces son también víctimas de la delincuencia e incluso se juegan la vida por dar el servicio. Pero también no son infrecuentes las quejas por mal servicio o prepotencia y groserías de los choferes de taxis, sobre todo en la zona metropolitana de Pachuca. Por amigos y familiares se sabe de abusos y acoso de algunos taxistas contra mujeres. Pero no se hace nada. Los responsables del servicio público de transporte son principalmente dos instancias. Por una parte el Instituto Estatal del Transporte, que se encuentra regulado por la Ley del Transporte para el Estado de Hidalgo, debe intervenir directamente para exigir calidad y transparencia en el servicio de taxis. En el artículo 9 de esta ley se habla como facultad principal: Normar, implementar y conducir las políticas, planes y programas relativos al desarrollo del sistema de transporte y su explotación.
Pero también: “Vigilar la prestación y operación del servicio de transporte, y además diseñar programas de seguridad y prevención de accidentes en carreteras y vialidades dirigidos a operadores, concesionarios y usuarios”. Es necesario requerir a los permisionarios de taxis garantías de seguridad y vigilancia.
Y por la otra, las grandes federaciones de trabajadores del volante deben exigir e imponer medidas a sus agremiados, de capacitación y de atención al público. A los líderes de estas agrupaciones no se les puede eludir de la responsabilidad de lo que ocurre en este servicio. En lugar de estar haciendo campañas xenofóbicas de “Pachuca para los pachuqueños”, deben involucrarse en la selección de personal y de tener gafetes con foto para dar garantías a los usuarios.
Estos casos deben ser ejemplares para la actuación enérgica, desde la sociedad civil exigimos ni una violación más. Las autoridades tienen la palabra y la decisión. De las instituciones de educación se pide mayor involucramiento para desarrollar una cultura de la denuncia de delitos y violaciones a derechos humanos. De la sociedad se pide más intervención en el cuidado y desarrollo de sus derechos.
*FUENTE; SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
POR; JOSE LUIS HERNANDEZ CABRERA
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